Una vez más, Argentina se encuentra inmersa en una discusión que merece algo más que urgencias electorales o cálculos de poder. Las reformas laboral y fiscal que hoy se debaten no son simples ajustes técnicos: son la expresión de un país que ha postergado demasiadas conversaciones incómodas. Y mientras lo seguimos haciendo, la realidad avanza implacable, con más informalidad, más conflictos y menos oportunidades.
Como empresario de una pyme con más de veinticinco años de vida, conozco bien el peso de la presión tributaria, la complejidad de los costos laborales y la sombra de la litigiosidad. Pero también sé, por experiencia directa, que no todo se reduce a lo que ocurre fuera de nuestras empresas. Los empresarios argentinos hemos aprendido a navegar en la inestabilidad, pero también hemos naturalizado prácticas que no contribuyen a un desarrollo sostenible: la búsqueda de rentabilidades inmediatas, la tentación de especular con el tipo de cambio, el retiro de capital en tiempos difíciles sin la voluntad de reinvertir después. No somos solo víctimas de un sistema disfuncional; también somos parte del problema.
Pero esta crítica no nos exime de señalar lo evidente: el Estado ha fallado en su rol de garante de reglas claras y previsibles. Las leyes se modifican según el viento político, sin mirada estratégica, sin consensos que trasciendan un gobierno. Y en el medio, los trabajadores —el eslabón más frágil de esta cadena— quedan atrapados entre derechos que no siempre se cumplen y una realidad laboral que se transforma aceleradamente, sin que las instituciones logren protegerlos de manera efectiva.
Hoy, el empleo informal supera al formal. Las relaciones laborales se han vuelto frágiles, y la flexibilización ya no es una idea en un papel: es un hecho que avanza sin regulación, sin protección, sin visión de futuro. Una reforma laboral seria no puede limitarse a quitar derechos o a consolidar privilegios. Debe partir de un diagnóstico honesto: el mundo del trabajo cambió, y nuestras leyes llegaron tarde.
Pero no alcanza con cambiar normas. Necesitamos, sobre todo, cambiar la manera de encarar estos debates. Dejar de lado la grieta fácil, la tentación de responsabilizar al otro, la mirada cortoplacista que nos condena a repetir los mismos errores. Argentina necesita un acuerdo donde cada sector asuma su parte: el Estado, con políticas creíbles y de largo plazo; los empresarios, con inversión productiva y autocrítica; los trabajadores, con la defensa legítima de sus derechos, pero también con la conciencia de que sin producción no hay futuro para nadie.
No se trata de un ideal abstracto. Se trata de entender, de una vez por todas, que nuestro destino está atado al de los demás. Que sin empresarios no hay trabajo, pero sin trabajadores tampoco. Y que sin un Estado serio, no hay proyecto de país que valga. La reforma laboral y fiscal que necesitamos no es la que gana una elección, sino la que nos permite, al fin, dejar de tener miedo al futuro.
